El Comercio de Colorado

AMNISTÍA INTERNACIONAL LLAMA INVESTIGAR EL CASO

Chihuahua/Agencia EFE

Amnistía Internacional (AI) condenó el asesinato del activista indígena rarámuri Julián Carrillo en Chihuahua. Esta organización exigió una investigación exhaustiva para identificar y castigar a los culpables. Carrillo, defensor de la tierra y territorio en la comunidad Coloradas de la Virgen, municipio Guadalupe y Calvo (Chihuahua), fue perseguido por desconocidos y asesinado la noche del 24 de octubre, precisó el organismo en su condena.

El pueblo de Coloradas de la Virgen está desde 2007 librando una batalla muy particular. Se trata de una batalla jurídica ante el tribunal agrario por la explotación de recursos naturales en su territorio. Carrillo, y los miembros de la organización Alianza Sierra Madre, asumieron la defensa de los intereses del pueblo y ejercer ese papel ha generado el que sean amenazados, perseguidos y asesinados, como en el caso de Carrillo.

La muerte de Carrillo “es el punto culminante de la crónica de muertes de su familia”. Victor, hijo del dirigente asesinado, había sido ultimado el 5 de febrero de 2016. Dos sobrinos de Carrillo, Alberto Quiñones y Guadalupe Carrillo también fueron asesinados el 31 de marzo y el 1 de julio de 2018, respectivamente. Mientras, el esposo de la hija de Carrillo, Francisco Chaparro murió el 1 de julio de 2018, en condiciones que no están claras.

Contra la impunidad

En un comunicado de su oficina regional en México, AI calificó el asesinato de este defensor indígena de una muestra más de la falta de protección estatal a defensoras de derechos humanos. En particular, AI enfatizó que la debilidad en la que se encuentran quienes lideran las causas de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, Chihuahua.

La muerte del dirigente prueba que se deben atender las causas estructurales de la violencia. “El ponerles un policía como acompañante o darles un teléfono a los dirigentes indígenas no es suficiente para detener la oleada de violencia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El asesinato de Carrillo “no debe quedar en la impunidad”, sostuvo Guevara Rosas. Esta ejecutiva aseguró que es imperativo que se identifique a sus asesinos y se los presente ante la justicia. Carrillo estaba desde 2014 dentro del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas del Gobierno de México, aunque eso no detuvo las amenazas.

En diciembre 2016, la casa de Carrillo fue quemada. De acuerdo con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, de enero a octubre de 2018 han asesinado a 17 defensores de derechos humanos en México, incluido Carrillo. El gobierno de Chihuahua reiteró su compromiso para esclarecer los hechos, para lo cual ha lanzado un operativo.

El conflicto

Los integrantes de la comunidad indígena del pueblo Coloradas de la Virgen solicita su reconocimiento como los únicos y legítimos propietarios del territorio que ocupan. Ellos argumentan que ese es un derecho “ancestral”. Esa comunidad pide una porción del bosque que se ubica en los límites de los Estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Esa comunidad indígena pide la nulidad de permisos de aprovechamiento forestal que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a pobladores mestizos en el territorio indígena. Este litigio está siendo considerado por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5.

Recientemente, otro tribunal mexicano decidió sobre un caso similar. Ese otro litigio, con demanda similar, fue resuelto a favor de la comunidad rarámuri de Choreáchi. Esta es una comunidad vecina de Coloradas de la Virgen. Las dos comunidades rarámuri comparten el mismo equipo de abogados. 

Otro dirigente asesinado

Joaquín Díaz Morales, de 70 años, comisario ejidal y activista contra la tala ilegal fue asesinado en Chihuahua, ejecutado en la comunidad de Las Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo. Previo a su homicidio había recibido amenazas. El asesinato del defensor de los árboles ocurrió el pasado 27 de octubre, sin embargo, hasta apenas el 8 de noviembre agentes del Ministerio Público y efectivos de la Agencia Estatal de Investigación iniciaron las respectivas diligencias para esclarecer este caso.

Familiares de la víctima acusaron que el activista fue amenazado debido a su condena a la tala ilegal. El líder ejidal desplegaba su actividad en el llamado “Triángulo dorado”, donde convergen Chihuahua, Sinaloa y Durango. Trascendió que Díaz Morales fue hallado sin vida al interior de una camioneta volcada que fue ubicada en el camino de Guadalupe y Clavo-Mesa de San José. El cuerpo del activista presentaba dos impactos de bala.