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Ex detenidos pueden demandar a centro de detención en Aurora

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Ex detenidos pueden demandar  a centro de detención en Aurora
February 15
14:17 2018

Decisión de la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Distrito

Denver/Agencia EFE

La Corte Federal de Apelaciones del Décimo Distrito, con sede en Denver, señaló que los indocumentados que denuncian haber sido sometidos a trabajo forzado mientras estuvieron en un centro de detención pueden presentar una demanda colectiva. La corte se manifestó respecto a un proceso judicial iniciado en 2014 contra la compañía Geo Group, operadora de un centro de detención en Aurora, en donde los nueve demandantes alegan que se les obligó a realizar trabajos sin compensación o con una paga mínima de un dólar por día.

La decisión de la Corte de Apelaciones convalida el uso de la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico Humano (TPVA) para proteger los derechos de los indocumentados. La TPVA prohíbe los trabajos forzados. En un fallo previo, la corte de distrito indicó que todos los indocumentados alojados en una cárcel de GEO, en los últimos diez años, podían sumarse a una demanda colectiva. Mientras, quienes realizaron “trabajos voluntarios”, en el centro de Aurora en los últimos tres años, podían participar de otra demanda basada en las leyes estatales.

GEO apeló aquella decisión indicando que la participación en el programa de “limpieza de las unidades de alojamiento” era parte de las obligaciones que debían cumplir los allí alojados. Esas obligaciones se detallan en el manual que recibían las personas al llegar al centro. Como parte del proceso de apelación, varios ex detenidos y representantes de varias organizaciones pro inmigrantes testificaron que los indocumentados “eran forzados a limpiar sin pago y bajo amenaza de confinamiento solitario”, según el documento.

Los ex detenidos, dijo la corte, proveyeron declaraciones juradas indicando que realizaron las tareas de limpieza debido a esas amenazas. GEO, empresa contratada por ICE, también argumentó que la demanda original debía ser rechazada por la corte debido a que las actividades de los reclusos estaban excluidas de los derechos protegidos por la Décimo Tercera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde se habla de “esclavitud involuntaria”.

La corte de distrito rechazó el argumento de GEO y la nueva apelación llegó a la Corte Federal de Apelación. Esta corte tomó en cuenta el número de potenciales litigantes; la capacidad de los representantes de esos litigantes de proveerles representación legal adecuada; y el cumplimiento de los requisitos mínimos para demandas grupales. Estos jueces dictaminaron que las cortes inferiores “no abusaron de su discreción” al certificar las demandas colectivas y, por eso, reafirmaron la continuidad de esas demandas.


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