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Limitan la deportación de inmigrantes con antecedentes

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April 26
11:05 2018

Washington/Agencia EFE

El Tribunal Supremo de EE.UU. determinó que una parte de la ley que facilita las deportaciones de extranjeros condenados por un crimen es demasiado “vaga” y, por tanto, no se puede poner en práctica. Esta fue la sentencia del máximo tribunal escrita por el magistrado Neil Gorsuch, nombrado el año pasado por el presidente, Donald Trump. La sentencia de Gorsuch interpreta la Constitución de manera literal limitando la capacidad del Gobierno para deportar a inmigrantes con antecedentes. 

La decisión del alto tribunal, que fue muy ajustada, con solo cinco de los nueve magistrados a favor, considera que la definición de “crimen violento” es muy ambigua. Esta situación permitia al gobierno acelerar la expulsión de aquellos extranjeros condenados por un crimen. Con su fallo, el tribunal confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que en 2015 ya anuló esa provisión de la ley al considerarla demasiado confusa.

Un caso

El caso está centrado en la figura de James Dimaya, un filipino que llegó a Estados Unidos en 1992 con 13 años y, en 2007 y 2009, fue condenado por dos delitos de robo, por los que fue condenado en total a cuatro años de prisión.Entonces, en 2010, el Gobierno comenzó el proceso para deportarle porque, a su juicio, los robos por los que había sido condenado podían considerarse “crímenes violentos” y, por tanto, su expulsión estaba amparada por esa provisión recogida en la ley federal.

Otra derrota 

Chicago/ Agencia EFE

Una corte federal en Chicago reafirmó el bloqueo a las nuevas reglas de la administración Trump que reducen fondos federales a las ciudades que ofrecen santuario a los indocumentados. El panel de tres jueces, todos ellos nombrados por presidentes republicanos, dictaminó que había evidencias fuertes de que el Gobierno federal excedió su autoridad al imponer nuevos estándares en julio pasado para la concesión de la subvención Edward Byrne Memorial Justice, destinada a los departamentos policiales.

La demanda contra un memorando del fiscal general, Jeff Sessions, fue presentada por el alcalde de Chicago, Rahm Enmanuel. El argumento del alcalde fue que la ciudad podría sufrir un “daño irreparable” en sus relaciones con la comunidad inmigrante si cumpliera los nuevos estándares del Departamento de Justicia. Harry Leinenweber, juez de la corte federal de apelaciones del séptimo circuito, concedió primero un bloqueo preliminar, que se extendió a todo el país donde había en esos momentos unas 600 ciudades santuario.

En todo el país

En su memorando, Sessions dijo que se negarían los fondos a las ciudades santuario que no cumplan con la ley federal que insta a los Gobiernos locales a compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia. Uno de los jueces del panel de apelaciones argumentó sobre la posibilidad de que el bloqueo rigiera solamente en Chicago, pero los otros dos se impusieron al considerar justificada la vigencia de la restricción en todo el país.

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