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OEA pide nuevas elecciones en Venezuela

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May 24
13:05 2018

MÁS DE 30 PAÍSES DESCONOCEN PROCLAMACIÓN DE MADURO

Washington/Agencia EFE

Un informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por Luis Almagro, concluye que las elecciones presidenciales en Venezuela se celebraron sin el respeto a las garantías básicas. Esta falta de requisitos obliga a la realización de unos nuevos comicios en un tiempo perentorio. El informe aseguró que las elecciones presidenciales, en las que se registró una amplia abstención y salió reelegido como presidente de Venezuela Nicolás Maduro, no contaron “con las garantías necesarias de toda elección”.

En concreto, la Secretaría General consideró que “la participación política fue violentada una y otra vez impidiendo candidaturas y obstaculizando el voto de millones de venezolanos que viven en el extranjero” y que no pudieron actualizar sus datos o inscribirse en el Registro electoral. El informe hace referencia a la imposibilidad de competir en las elecciones de los principales líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que estaban inhabilitados, como es el caso de Henrique Capriles, o cumpliendo penas por delitos contra el Gobierno, como Leopoldo López.

Alta abstención

La MUD no participó en los comicios por considerarlos un “fraude” y llamó a la abstención, que llegó casi al 54 por ciento, el índice más alto en presidenciales venezolanas de las últimas dos décadas. Además, para la Secretaría General de la OEA “el voto de la ciudadanía venezolana no fue ni libre, ni secreto, ni universal” pues asegura que se instalaron 1.400 “puntos rojos”, unas carpas que el chavismo coloca muy cerca de los centros de votación en todas las elecciones para hacer propaganda.

La Secretaría General afirmó que el sistema estaba diseñado para “beneficiar a los candidatos oficialistas” y garantizar una victoria de Maduro frente al exgobernador Henri Falcón, que quedó segundo seguido por el ex pastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada. Debido a ese “atropello”, la Secretaría General concluyó que es necesario que se celebren nuevas elecciones. “No sólo es necesario que haya nuevas elecciones, sino que estas se den en el marco de los estándares internacionales mínimos”.

Mensaje de rechazo

Las elecciones han generado expresiones de rechazo del Grupo de Lima, que agrupa a 14 países de América, así como de Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Reino Unido y el resto de los miembros de la Unión Europea. Países integrantes del G20 indicaron que “ante este resultado, los Gobiernos participantes consideran posibles medidas económicas sancionatorias del régimen autoritario de Maduro, procurando en ello no afectar al pueblo venezolano”. Los países subrayan que “desconocen” los resultados de los comicios.

Las naciones firmantes de la declaración instaron al “régimen autoritario de Maduro” a “abandonar la indiferencia ante el sufrimiento de su pueblo” y permitir establecer “un canal humanitario sin demoras” para el suministro de alimentos y medicinas por parte de la comunidad internacional. Demandaron que el gobierno reconozca “el creciente éxodo de venezolanos”, una corriente migratoria que supone una “amenaza para la seguridad y la estabilidad regional”. Maduro recibió pocos, pero estratégicos apoyos de China, Bolivia, Rusia e Irán.

Sanciones contra Maduro

Donald Trump impuso nuevas sanciones contra el Gobierno venezolano, al firmar una orden ejecutiva por la que limita al Ejecutivo de Nicolás Maduro la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense. El Gobierno estadounidense tomó esta decisión tras consumar la farsa de proclamar a Maduro para un nuevo periodo presidencial de seis años. “La orden ejecutiva cierra otra vía de corrupción y “niega a los funcionarios venezolanos corruptos la capacidad de valorar indebidamente y vender activos públicos a cambio de sobornos”.

El objetivo es aumentar la presión sobre el régimen de Maduro, al que también se le limita su capacidad de obtener liquidez, incluidas las cuentas por cobrar, del Gobierno venezolano como de la petrolera estatal PDVSA y el Banco Central Venezolano. No obstante, las sanciones no atacan directamente las transacciones petroleras de Venezuela, por lo que EE.UU. no pone impedimento a que el crudo venezolano siga comercializándose en el país.

 

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